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									19 de septiembre de 2014 - Demasiado trabajo 
									informal, ninguna garantía, seguridad social 
									inexistente: el 57.8% de los trabajadores y 
									de los empleadores mexicanos no declaran sus 
									ingresos, sólo pagan un pequeño impuesto 
									sobre la ocupación de los terrenos en los 
									que operan y decenas de miles de 
									maquiladoras, en su mayor parte, no están 
									reguladas. 
									
									
									Por esto la propuesta del Ejecutivo dirigida 
									al mundo empresarial y laboral, presentada 
									el pasado 8 de septiembre por el presidente 
									Peña Nieto: regularización de las 
									actividades informales a cambio de una tasa 
									impositiva bajísima o inexistente, 
									beneficios fiscales, seguridad social y 
									pensión. La idea es simple: dar de alta 
									empleados y PYME's en el Régimen de 
									Incorporación Fiscal, un esquema 
									preferencial para los que aceptan la entrada 
									al mundo de la formalidad. 
									
									
									Es una tarea difícil, «un desafío sin 
									precedentes», dice Aristóteles Núñez, 
									director del SAT (Servicio de Administración 
									Tributaria). «Vamos a llevar a cabo un gran 
									esfuerzo de comunicación, para convencer a 
									los escépticos de la conveniencia de 
									participar en el proyecto». La estrategia 
									tiene como objetivo regularizar una parte de 
									los 28.6 millones de mexicanos que se 
									dedican a la actividad económica en el 
									sector informal y en particular a las 13.5 
									millones de personas que trabajan en la 
									llamada economía informal pura, vendiendo 
									bienes o prestando servicios. 
									
									
									La iniciativa, denominada por el gobierno “Crezcamos 
									juntos”, 
									se dirige a todos aquellos que ganan hasta 2 
									millones de pesos anuales (unos 150.000 
									dólares) —dueños de carnicerías, tiendas de 
									abarrotes, pequeños restaurantes, etc .—, 
									con excepción de las actividades que 
									requieren de un título profesional (médicos, 
									arquitectos, abogados, etc ..). Los 
									adherentes estarán obligados a expedir por 
									lo menos una factura cada dos meses (6 
									facturas al año), además de las facturas 
									individuales que puedan ser requeridas por 
									los clientes. 
									
									
									También deberán presentar una declaración 
									bimestral simple, pero no tendrán la 
									obligación de la declaración anual. Durante 
									el primer año, estos nuevos contribuyentes 
									estarán exentos del pago de ISR, IVA e 
									impuestos especiales. El segundo año, el 
									descuento será del 90% y así sucesivamente, 
									hasta llegar al pago del 100% a partir del 
									onceavo año. 
									
									
									Se ofrece también un subsidio del 50 por 
									ciento en las aportaciones para la seguridad 
									social, lo cual permitirá obtener —a través 
									dell'Infonavit— préstamos para la 
									adquisición de bienes raíces ocho meses 
									después de la inscripción. 
									  
									
									(massimo barzizza / 
									
									puntodincontro.mx) 
									  
									
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