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8
de diciembre
de 2013 -
El proyecto de dictamen de
reforma energética propone cambios
constitucionales para que Petróleos
Mexicanos (Pemex) pueda asignar a
particulares superficies de terreno para la
exploración y extracción de hidrocarburos, a
través de contratos de riesgo, ya sea de
utilidad compartida o de producción
compartida. El Estado se obliga a pagar con
un porcentaje de la utilidad o de la
producción obtenida.
El documento menciona que
también se permitirá la inversión privada en
las actividades de generación y
comercialización de electricidad y de
transmisión y distribución, bajo contrato
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Construido con el aval del
PRI, del PAN y del PVEM, el proyecto prevé
la transición de Pemex al modelo de empresa
pública productiva, para que por sí sola o
con la contratación de particulares pueda
realizar actividades de exploración y
explotación.
Sin la figura de
las concesiones —planteadas originalmente en
la iniciativa del
PAN— el proyecto introduce las formas de
contratación y de pago a las compañías
petroleras y
propone la creación del Fondo Mexicano del
Petróleo.
La selección del contratista
será a través de una licitación pública, en
la que la variable de decisión es el
porcentaje de utilidades que recibirá y la
ganancia la fijará el mercado.
El contratista asume el
riesgo de su inversión; el Estado podrá
incorporarse al proyecto desde su inicio o
cuando las actividades de exploración hayan
resultado exitosas.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
- El documento que fue presentado también a
los senadores de izquierda prevé los
contratos de riesgo, ya sea de utilidad
compartida o de producción compartida, con
lo que el Estado se obliga a pagar con un
porcentaje de la utilidad o de
la producción obtenida; con la transmisión
onerosa de los hidrocarburos, una vez que
hayan sido extraídos del subsuelo, o con
cualquier combinación de estas fórmulas.
La iniciativa descartó el
concepto de concesión, pero introduce el de
licencias, ante lo cual los senadores
Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Luis
Sánchez (PRD), y Manuel Bartlett (PRD)
advirtieron que en los
resultados es lo mismo: se entrega la renta
petrolera a las compañías extranjeras.
El panista Salvador Vega
dijo que el anteproyecto es un gran avance
porque no plantea la privatización de Pemex.
“El PAN ha propuesto muchos de los
contenidos del documento y hay que decirlo:
hay más cosas en que podemos avanzar”.
Por el PRI, Miguel Ángel
Chico Herrera expuso que el país requiere
esta reforma energética que nos dará un
mayor crecimiento económico, el número de
empleos que requiere el país; el documento
tiene una buena noticia para México.
REFORMAS CONSTITUCIONALES -
El esquema propuesto reforma los artículos
25, 27 y 28 de la Constitución; considera la
transición de Pemex al modelo de empresa
pública productiva para que pueda realizar,
por sí sola, actividades de exploración y
explotación o contratar a particulares para
ello.
La discusión se realizará
entre los senadores de las comisiones unidas
de Puntos Constitucionales, y Energía y
Estudios Legislativos Primera del Senado. Se
espera que el PRD exija el derecho de
intervenir con su bancada completa (22
integrantes).
A las 10 horas de hoy están
citadas las comisiones dictaminadoras. Por
acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara Alta, las discusiones
sólo podrán prolongarse hasta las 21 horas,
y en ese caso se citará para el día
siguiente.
NO SE OTORGAN CONCESIONES -
En la modificación al
artículo 27, en materia de hidrocarburos
establece que «la propiedad de la nación es
inalienable e imprescriptible y no se
otorgarán concesiones». En el mismo párrafo
se replantea que “en cualquier caso, los
hidrocarburos en el subsuelo son propiedad
de la nación y así deberá afirmarse en las
asignaciones o contratos”.
La idea es tener mecanismos
que «constituyan esquemas atractivos para
que capitales privados colaboren en la
exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos».
En este esquema, Pemex
llevaría la mano con el mecanismo “ronda
cero”; esto es la primera asignación que el
Estado hará en favor de la paraestatal sobre
campos específicos en los que habrán de
tener lugar las actividades de exploración
y, en su caso, extracción de petróleo y
demás hidrocarburos.
PRODUCCIÓN Y UTILIDADES - En los contratos
de utilidad compartida, la propiedad de los
hidrocarburos es del Estado, pero se
«compromete un porcentaje de la monetización
de la producción como retribución».
El proceso de selección del contratista será
mediante una licitación pública en la que la
variable de decisión es el porcentaje de
utilidades que recibirá. La inversión de los
trabajos corre por cuenta del contratista
bajo su propio riesgo y el Estado tiene la
opción de incorporarse al proyecto desde su
inicio, o bien, en los casos en que las
actividades de exploración hayan resultado
exitosas.
Las ganancias del contratista dependen de
las condiciones de mercado (precio del
producto y costo de su extracción) y de su
desempeño en las actividades de extracción.
Los ingresos remanentes se dividen entre el
Estado y la empresa contratista, en los
porcentajes que se hayan pactado con
antelación.
Respecto de los contratos de producción
compartida, el Estado también mantiene la
propiedad de los hidrocarburos, pero se
«compromete un porcentaje de la producción
obtenida como retribución».
En la licitación que tiene lugar para
seleccionar al contratista, la variable de
decisión puede ser la proporción de
producción requerida para el pago.
El riesgo de la inversión corre por cuenta
del contratista y el Estado, al igual que en
los contratos de utilidad compartida, tiene
la opción de incorporarse al proyecto desde
su inicio, o bien, cuando los trabajos de
exploración hayan tenido éxito.
Las ganancias del contratista dependerán de
las condiciones de mercado y de su
desempeño, y los costos del proyecto estarán
sujetos a las mismas reglas que las
establecidas para los contratos de utilidad
compartida.
El documento también contempla la
posibilidad de celebrar contratos en los que
el Estado pagaría como contraprestación a
sus empresas productivas o a los
particulares, la transmisión onerosa de la
propiedad de los hidrocarburos, una vez que
hayan sido extraídos del subsuelo.
De acuerdo con el proyecto de reforma
energética, podría adicionarse en cerca de
1.5 millones de barriles de petróleo crudo
diarios para 2025, lo que representa un
aumento de 60% respecto de la producción
actual.
En el caso del gas natural, la producción
podría aumentar para ese mismo año,
aproximadamente a 7.3 miles de millones de
pies cúbicos diarios, más del doble de la
producción actual.
El incremento en la inversión podría generar
un impacto positivo en el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor
del 1% anual en 2018 y hasta 1.6% anual
antes de 2025.
El dictamen prevé la creación de un
fideicomiso público, en el que el Banco de
México fungirá como fiduciario.
Este fideicomiso se denominará Fondo
Mexicano del Petróleo (Fondo Petrolero) y
será responsable de administrar y realizar
los pagos que se establezcan en los
contratos de utilidad compartida y de
producción compartida.
(juan
arvizu y noé cruz
/ el universal / puntodincontro.mx /
adaptación y traducción al italiano de
massimo
barzizza)
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