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7 de febrero de 2016 - México fue uno de los primeros países (desde el 1° de enero de 2014) en establecer un impuesto a los alimentos chatarra y a las bebidas azucaradas y en lanzar una campaña masiva de educación alimentaria. Una opción inevitable, después de que en esta nación latina de América del Norte se observaron tasas de incidencia de la diabetes superiores al 9% en la población general y cercanas al 12.7% en la Ciudad de México, según los resultados oficiales de la Encuesta Nacional de Nutrición 2012.

La magnitud del problema en tierra azteca es enorme: entrevistado por la BBC, Salvador Villalpando —especialista en obesidad del Hospital infantil Federico Gómez de la Ciudad de México— explicó que el 10 por ciento de los bebés toman refrescos desde el nacimiento hasta los 6 meses edad. Para los niños de 0 a dos años, este porcentaje se eleva al 80 por ciento.

Por otro lado, con una media de 164 litros por persona al año, México tiene —según algunas fuentes— la tasa más alta de consumo de bebidas azucaradas en el mundo, más alta incluso que los Estados Unidos.

Y, así, la decisión de cobrar un impuesto del 8% en nueve categorías de alimentos procesados ​​con alto contenido de calorías y un peso por litro en la compra de refrescos fue inicialmente criticada por algunos sectores de la población y, sobre todo, por las compañías embotelladoras y distribuidores de algunas de las más famosas marcas en el mundo. Sin embargo, esta elección, hoy, comienza a dar sus frutos.

De acuerdo con un estudio publicado en el British Medical Journal —redactado en noviembre de 2015 por Arantxa Colchero y Juan A Rivera del Instituto Nacional de Salud Pública y Barry Popkin y Shu Wen Ng de la Universidad de Carolina del Norte, y publicado el pasado 6 de enero— en tan sólo un año la elección adoptada México provocó una reducción del doce por ciento en las ventas de refrescos y un aumento del 4% en la compra de bebidas no gravadas. Un resultado alentador, que según los autores del estudio «debería sentar una base de cual iniciar cualquier discusión y decisión política sobre salud pública».

Utilizando los datos de las compras de más de 6,200 familias mexicanas residentes en 53 ciudades con más de cincuenta mil habitantes, los investigadores compararon los volúmenes de ventas registrados en 2014 (cuando las bebidas azucaradas ya estaban gravadas) con estimaciones de los que se habrían producido si el gobierno no hubiese decidido establecer el impuesto. Se obtuvieron así los resultados descritos anteriormente, que en términos absolutos se traducen en un “ahorro” anual de 4.2 litros de bebidas dulces por cada habitante de México, compensado por la adquisición de más de 12 litros adicionales - con respecto al pasado - de bebidas no gravadas.

Los efectos de esta política fueron particularmente evidentes entre la población de ingresos más bajos, cuyos integrantes en los hogares urbanos en extrema pobreza llegaron a reducir en algunos casos el consumo de bebidas endulzadas hasta en un 17 por ciento. Se materializaron, así, evidencias que los autores del estudio describen como «moderadas, pero importantes» y que necesitan de un «seguimiento de las compras a largo plazo, para comprobar más a fondo las implicaciones para la salud».

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(massimo barzizza / puntodincontro.mx)