31 de octubre de 2014 -
Con un minuto de silencio y los ecos de
protestas a las puertas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
el gobierno de México compareció ayer ante
una audiencia para formalizar su petición de
asistencia a esta organización, así como
para ofrecer transparencia y certidumbre a
las investigaciones que se mantienen en
curso para esclarecer responsabilidades,
castigar a los responsables y resarcir a las
víctimas por los crímenes perpetrados en la
localidad de Tlatlaya, en el Estado de
México, y de Iguala, en Guerrero.
«Nos presentamos hoy a rendir cuentas y a
reiterar la voluntad del Estado mexicano
para proseguir con una investigación
imparcial y erradicar hechos de esta
naturaleza», aseguró Lía Limón,
subsecretaria de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación.
La audiencia, en la sede de la CIDH, se
convirtió en un acto de reclamo y de
reconocimiento por la gravedad de lo
ocurrido en Tlatlaya e Iguala, con un grupo
de funcionarios del gobierno de México
acatando el minuto de silencio que
demandaron los miembros peticionarios de
distintas organizaciones defensoras de los
derechos humanos en México.
«Ha
pasado más de un mes y siguen sin aparecer
los 43 estudiantes de Ayotzinapa»,
reclamaron.
«El
gobierno de México no pretende minimizar la
gravedad de lo ocurrido»,
enfatizó a su vez Limón, al asegurar que el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
«no
descansará hasta aclarar los hechos».
La yuxtaposición de imágenes —con los
peticionarios acusando al Estado por su
responsabilidad en los hechos y los
representantes del gobierno de México con el
gesto contrito —, marcaron ayer ese abismo
que sigue separando a la sociedad civil y al
Estado que no ofrece una respuesta
satisfactoria ante los reclamos de que las
cosas no han cambiado desde el sexenio
pasado.
(massimo barzizza
/
puntodincontro.mx)
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